Parlamento, Londres · 28 de octubre de 2026. Diego Martínez integrante de la Comisión jurídica de los diálogos de la Habana, abogado defensor de ddhh y asesor en temas de Paz.
Honorables miembros del Parlamento; señor presidente Juan Manuel Santos; querida Marcela; querida Mariela Kohon [vice-presidenta y ex-directora de JFC]; Louise, de ABColombia; señoras y señores:
Permítanme completar esta mirada desde la orilla de haber trabajado por la implementación en 10 años. Lo hago como quien ayudó a construir jurídicamente esa justicia en La Habana y acompaña, desde entonces, a las comunidades en los territorios y a los firmantes en este importante esfuerzo.
Hace unas semanas, la paloma de la paz de Fernando Botero – la escultura que el presidente Santos develó en la Casa de Nariño en septiembre de 2016 – cayó de su pedestal en el Museo Nacional. Había salido del palacio presidencial a finales de julio, con la llegada de un nuevo gobierno. No se rompió, porque es de bronce macizo, pero quedó afectada.
Ningún símbolo explica por sí solo un proceso político. Pero pocas imágenes resumen mejor el momento de la paz en Colombia. El Acuerdo resistió la derrota del plebiscito y fue ajustado con las propuestas del No. Hoy ha sido sacado del centro del poder, descansa sobre soportes más frágiles de lo que creíamos con urgencia necesita ser restaurado.
Mi tesis es esta: diez años después, el principal logro del Acuerdo es haber creado una arquitectura institucional capaz de transformar el conflicto y de cambiar la cultura de la violencia por la participación política, la verdad, la justicia y el trabajo arduo por la no repetición. Esa arquitectura atraviesa hoy su momento más peligroso, pues intenta ser acabada.
La implementación avanzó en lo que dependía de la palabra de las partes y se rezagó en lo que dependía del Estado. Según el Instituto Kroc, el 36 % de las 578 disposiciones se ha cumplido plenamente, pero cerca del 43 % sigue en estado mínimo o sin iniciar. En 2025 se adjudicó a través del Fondo de Tierras más tierra que en los ocho años anteriores juntos. Según el balance oficial del gobierno anterior, se formalizaron más de dos millones de hectáreas, y nuestra Constitución reconoció al campesinado como sujeto de especial protección. La tierra empezaba, por fin, a llegar al campo.
Frente a ese panorama, hay una afirmación que puede sostenerse con datos: los firmantes cumplieron.
Cumplieron con la dejación de armas: más de catorce mil personas fueron acreditadas. Y cumplieron con la reincorporación: tres de cada cuatro siguen hoy en el proceso, entre ellas más de tres mil mujeres. Solo en 2025 más de seiscientos firmantes obtuvieron su título de bachiller. Personas que pasaron su juventud en la guerra están hoy terminando la escuela.
Cumplieron con la participación política, sometiéndose al voto ciudadano. Con los bienes que entregaron se ha reparado a 2.356 víctimas. Y comparecieron ante la justicia: A los llamamientos de la CE, y la JEP, 22 actos públicos de reconocimiento y 235 trabajos, obras y actividades reparadoras en todo el país certificados por la autoridad judicial.
El 69 % de los comparecientes ante la JEP son antiguos integrantes de las FARC-EP, cerca del 30 % son miembros de la Fuerza Pública y apenas el 1,3 % son terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública. Y fue la antigua dirección guerrillera la que reconoció ante las víctimas su responsabilidad como máxima responsable del secuestro y aceptó las primeras sanciones del sistema. Ese gesto no tiene equivalente, hasta hoy, en los más altos niveles de mando y de decisión del Estado.
Sin embargo, quienes cumplieron no han sido protegidos: Naciones Unidas ha verificado 501 excombatientes asesinados, 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. Cumplir no ha sido suficiente para sobrevivir.
Y ahora debo decirlo con claridad ante este Parlamento: el actual gobierno colombiano no está revisando el Acuerdo; lo está desmontando. Compite por los votos y el favor de los sectores que nunca estuvieron con la paz, su deseo es acabar con el Acuerdo de Paz.
Siendo presidente electo, el actual presidente el Dr Abelardo de la Espriella llamó «narcoterroristas» y «salvajes» a los antiguos comandantes que hoy comparecen ante la justicia; proclamó «no habrá perdón ni olvido» y anunció que trabajará para que el antiguo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, esté «preso de por vida». Rodrigo Londoño ya fue juzgado y sancionado por la JEP. Prometer cambiarle las reglas a quien reconoció y cumplió no es justicia: es desconocer la palabra del Estado.
A las palabras siguieron los hechos. El Gobierno suspendió durante noventa días toda nueva medida de entrega, restitución y formalización de tierras, justo cuando la adjudicación empezaba a acelerarse. Pidió al Consejo de Seguridad retirar la reforma rural de la verificación de Naciones Unidas. Y respaldó el recorte que el Congreso aprobó hace una semana: Un recordé del 22 % de su presupuesto previsto. Mientras tanto, cursa en el Congreso un proyecto para cerrarla en 2028, sin prórroga: cinco años antes del plazo que fija la Constitución, así también un proyecto para sustraer a los máximos responsables de sus responsabilidades.
Ese mismo presupuesto reduce los recursos de la agencia que acompaña la reincorporación. Más de ocho mil firmantes dependen hoy de una renta básica equivalente al 90 % de un salario mínimo. Quien desfinancia la reincorporación no está ahorrando: está alimentando el reclutamiento de las disidencias.
Seamos justos: el gobierno anterior hizo aportes en tierras y en derechos laborales, pero su política de paz no logró contener a las disidencias que asesinan a los firmantes. El gobierno actual va más lejos: convierte el abandono en política.
Leer la paz solo desde la seguridad y el «terrorismo» confunde el síntoma con la causa. La violencia que persiste no es producto del Acuerdo; es la consecuencia de que el Estado no llegó a los territorios que las FARC dejaron.
Sobre la justicia. La JEP es el componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Acuerdo creó un componentes extrajudcial: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, hoy afectada por recortes presupuestales, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, los dos de carácter no judicia que ya cumplió su mandato.
El componente judicial del Sistema es La JEP: esa concentra la persecución penal en los máximos responsables de los hechos más graves y representativos del conflicto. A cambio de verdad y de reconocimiento de responsabilidad, las partes pactaron una justicia restaurativa que no renuncia a la sanción. El máximo responsable que reconoce recibe de cinco a ocho años de restricción efectiva de libertades, con trabajos reparadores; quien reconoce tarde, antes de la sentencia, de cinco a ocho años de prisión; y quien no reconoce y es vencido en juicio, hasta veinte años
La JEP ha formulado 420 imputaciones contra máximos responsables de las FARC-EP, de la Fuerza Pública y de terceros. De las que ya llegaron a la etapa de reconocimiento, más del 91 % terminó en reconocimiento de verdad y responsabilidad: 245. En 2025 dictó sus primeras sentencias, contra el antiguo Secretariado y contra militares, ambas confirmadas en segunda instancia en julio de este año.
La JEP acordada en La Habana no es la misma que se implementó, y en efecto tiene dificultades que deben ser procesadas y mejoradas por este tribunal, acercarse nuevamente a lo pactado por la partes. Pero cuando una sanción no puede ejecutarse porque el Estado no ofrece seguridad ni recursos, esa imposibilidad no puede cargarse al compareciente.
¿Por qué se ataca a la JEP? Porque es el lugar donde se establece la verdad judicial sobre los más graves delitos, entre ellos los mal llamados «falsos positivos»: 6.402 víctimas entre 2002 y 2008, una cifra que podría aumentar. La antigua dirección de las FARC ya asumió su responsabilidad, en varios delitos entre ellas el reclutamiento de menores y el secuestro. En el tiempo que le queda, a la jurisdicción le corresponde esclarecer otras responsabilidades, incluidas las de los más altos niveles del Estado, que hasta ahora no han sido investigadas. Ante la JEP se han rendido testimonios que relacionan esas prácticas con las políticas de resultados de aquellos años. Que las presiones se concentren precisamente sobre esa verdad dice mucho. Una JEP desfinanciada no castiga a los firmantes, que ya fueron sancionados: protege a quienes aún no han asumido sus responsabilidades.
Hay un asunto que rara vez llega a los foros internacionales: los mandos medios. Fueron ellos quienes condujeron a sus unidades a la dejación de armas. Más de nueve mil comparecientes no seleccionados siguen esperando una definición jurídica, y es necesario resolverla para no repetir las consecuencias del conflicto.
Quiero, sin embargo, reconocer a un grupo de militares que han decidido aportar verdad y comprometerse con acciones restaurativas ante la JEP. Su verdad será necesaria para establecer las máximas responsabilidades. Se aproximan decisiones importantes sobre crímenes de agentes del Estado en varios macrocasos, y existe una fuerte intención de frenar a la jurisdicción y evitar sus conclusiones. Quienes hoy la atacan saben que la protege un marco jurídico robusto. No buscan acabarla: buscan intimidar su autonomía judicial y volverla ineficaz.
Desde luego, quiero reconocer el compromiso de todas las víctima en Colombia, por su esfuerzo y tenacidad. Su dolor es nuestra esperanza.
La constitución colombiana obliga a todas las autoridades a cumplir de buena fe lo pactado durante tres periodos presidenciales. El actual es el último. El riesgo no es una derogación abierta: es la dilución silenciosa de un acuerdo vigente en el papel, pero debilitado, la suspensión de programas y la supresión de entidades.
Propongo cinco prioridades. Proteger la vida, desmantelando las estructuras que atacan: de 110 condenas por ataques contra excombatientes, solo cinco alcanzan a autores intelectuales. Levantar la suspensión de las medidas de tierras. Garantizar los recursos de la reincorporación. Asegurar la autonomía judicial de la JEP de acuerdo a lo establecido en la Habana, con el compromiso de que termine su tarea con un plan de cierre para las víctimas y seguridad jurídica para quienes comparecen; sin estigmatizar a los jueces, víctimas y comparecientes. Y por último sostener el acompañamiento internacional.
Por eso me dirijo a este Parlamento y a Europa. El Reino Unido, que redacta las resoluciones sobre Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha sido, junto con la Unión Europea, un acompañante permanente de este proceso. Y el movimiento sindical británico e irlandés, a través de Justice for Colombia, ha acompañado durante años a los firmantes, e incluso llevó a los negociadores la experiencia del Acuerdo de Viernes Santo. Gracias, Mariela, por ese compromiso.
En un mundo que multiplica sus guerras, Colombia demostró que las partes en un conflicto podían reconocer sus crímenes ante las víctimas, e iniciar un proceso de justicia restaurativa. Demostró que es posible una justicia transicional negociada, en la que los responsables de los crímenes más graves son sancionados, y en la que todos, incluidas las altas autoridades del Estados, están llamados asumir sus responsabilidad. Si ese modelo fracasa por decisión de un gobierno, el mensaje para cualquier negociación en el mundo futura será devastador: que la palabra de un Estado no sobrevive a un cambio de presidente.
Como la escultura del escultor Botero, el Acuerdo no se rompió al caer. Está herido, y deberá ser restaurado con paciencia, con técnica y con voluntad política. Los firmantes cumplieron. La pregunta no es si ellos cumplirán: es si el Estado colombiano cumplirá con ellos, con las víctimas y con los territorios.
Muchas gracias.