
El grupo parlamentario los Amigos Parlamentarios de Colombia (PFC), un grupo multipartidista de más de 70 diputados en el parlamento del Reino Unido, ha escrito al presidente colombiano Iván Duque sobre los altos niveles de violencia que están impactando a muchas regiones de Colombia antes de las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
La carta, firmada por el diputado Tony Lloyd, copresidente de los PFC, aborda la violencia contra sindicalistas y líderes sociales, así como el reciente atentado con carro bomba contra la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y organizaciones sociales en Arauca y el descubrimiento de un explosivo dispositivo en un restaurante de Bogotá administrado por excombatientes de las FARC-EP en el proceso de reincorporación.
Dado que la Misión de la ONU en Colombia advirtió recientemente sobre el potencial de violencia durante la campaña electoral, la carta destaca la recomendación de la ONU para la implementación de mecanismos de seguridad contenidos en el Acuerdo de Paz. También exige protecciones para garantizar que las comunidades afectadas por el conflicto y la desigualdad puedan votar de manera segura y libre.
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Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Casa de Nariño
Carrera 8 No. 7-26
Bogotá
Colombia
9 de febrero de 2022
Estimado Presidente,
Le escribimos del grupo parlamentario Amigos de Colombia conformado por más de 70 parlamentarios del Reino Unido para expresar nuestra preocupación por la violencia en Colombia y sus posibles implicaciones para las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
Estamos extremadamente alarmados por los recientes atentados contra instituciones políticas, incluidos partidos políticos de la oposición y sindicatos. El 19 de enero, un carro bomba detonó frente a una sede de organizaciones de derechos humanos y de la Central Unitaria de Trabajadores en Saravena, Arauca, dejando a una persona muerta y cinco heridas. Los miembros ejecutivos de la CUT han recibido múltiples amenazas durante los últimos doce meses, mientras que, según la Confederación Sindical Internacional, Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para el sindicalismo, con 22 integrantes de sindicatos asesinados entre marzo de 2020 y abril de 2021.
Además, el 21 de enero un artefacto explosivo fue encontrado en un restaurante que sirve de proyecto productivo para excombatientes de las FARC-EP en Bogotá, y también como una sede del Partido Comunes. La noche anterior, siete candidatos electorales, incluido el candidato de la coalición Pacto Histórico, Alirio Uribe Muñoz, habían asistido a un evento de campaña electoral en el restaurante.
En múltiples ocasiones hemos declarado nuestra continua preocupación por la crisis de derechos humanos en Colombia, lo que incluye los incesantes asesinatos de líderes sociales y la falta de seguridad para comunidades en muchas regiones del país. Aunque los asesinatos de excombatientes disminuyeron el año pasado, la Organización de Naciones Unidas informó recientemente que 303 hayan sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, una cifra horrorosa. La actual oleada de violencia en Arauca demuestra la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz, además de reiniciar diálogos con el ELN.
En octubre de 2019, desde el grupo parlamentario escribimos al Embajador de Colombia en el Reino Unido, Sr. José Antonio Ardila, para destacar nuestra preocupación por un ataque en contra de la sede del Partido FARC (ahora Comunes) y compartida por la Unión Patriótica y el Partido Comunista, poco antes de las elecciones regionales del mismo año. Es lamentable que esta violencia política sigue en este período preelectoral.
En una presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de enero, el jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz Mattieu, reiteró la necesidad de una “mayor implementación” de los mecanismos de seguridad creados en el Acuerdo de Paz, incluido el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política con el fin de garantizar la seguridad de más de 2.800 candidatos electorales. En su último informe trimestral sobre el proceso de paz, del 27 de diciembre de 2021, el Secretario General de la ONU informó que aún no se ha adoptado la política pública de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esto es a pesar de varias recomendaciones anteriores de la ONU urgiendo un avance significativo en su aplicación.
Hemos tomado nota también de la advertencia reciente de la Misión de Observación Electoral de Colombia de que más de la mitad de los municipios cubiertos por las Circunscripciones Especiales de Paz están en riesgo de violencia o fraude electoral pocas semanas antes de que sus residentes votarán para representantes en el Congreso. A estas comunidades se debe garantizar la seguridad para ejercer su mandato democrático sin temor a la violencia ni a la coerción. Su atrasada participación en el Congreso es necesaria para garantizar que los grupos más afectados por el conflicto y económicamente marginalizados de Colombia finalmente tendrán voz.
A pesar de la terrible violencia en muchas zonas, es evidente que el pueblo colombiano ha dado un ejemplo mundial en sus esfuerzos por avanzar la reconciliación y la justicia. Aplaudimos su determinación por construir una sociedad más justa con la construcción de una paz estable y duradera. Esperamos que su compromiso sea reciprocado por las autoridades colombianas.
Con respecto a estos asuntos, instamos al gobierno colombiano a que avance con la plena implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y que tome todas las medidas necesarias para adoptar la política pública de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. También pedimos al gobierno que asegure las garantías de seguridad para todos candidatos electorales en 2022, especialmente para los partidos Comunes y Pacto Histórico y aquellos que se presentan en las 16 Circunscripciones Especiales dados los recientes atentados y advertencias.
Atentamente:
Sir Tony Lloyd MP
Copresidente, Amigos Parlamentarios de Colombia