Justice for Colombia (JFC) condena en los términos más fuertes las últimas amenazas de muerte contra sindicalistas en Colombia.
El lunes 26 de octubre se enviaron amenazas a Diógenes Orjuela, presidente de la central sindical, la CUT, y a los miembros del Comité Ejecutivo de FECODE. Los destinatarios han recibido amenazas previas como resultado de su actividad sindical y en defensa de los derechos humanos.
JFC trabaja en estrecha colaboración con la CUT y FECODE, así como con otros sindicatos colombianos cuyos miembros han enfrentado amenazas, hostigamientos y asesinatos. En septiembre de 2019, el Sr. Orjuela asistió al congreso anual de la Central Sindical británica, donde se reunió con altos funcionarios de ASLEF (sindicato de maquinistas), NEU (profesores), NASUWT (educadores), POA (guardias penitenciarios), UCU (personal de la educación superior), Unite (sindicato general), UNISON (servicios públicos) y la TUC (Central Sindical británica), entre otros. También se reunió con diputados británicos en el parlamento.
Varios parlamentarios y sindicalistas británicos e irlandeses, incluyendo de la central sindical irlandesa – ICTU, se han reunido con Diógenes Orjuela, así como con otros representantes de la CUT, y miembros ejecutivos de FECODE, en delegaciones de JFC en Colombia, más recientemente en febrero de 2020.
Colombia es el país más peligroso del mundo para la organización laboral. La CSI documentó 14 sindicalistas asesinados en Colombia entre enero de 2019 y abril de 2020. Desde entonces, se han cometido nuevos asesinatos de sindicalistas, incluidos los de Ovidio Baena, un miembro retirado del sindicato de trabajadores petroleros USO, el 26 de junio y Jayder Quintana, de 18 años, del sindicato FENSUAGRO, el 3 de octubre.
Las últimas amenazas se producen días después de que los sindicatos encabezaron una nueva ronda de protestas del Paro Nacional por reformas económicas y en contra de las violaciones de derechos humanos en Colombia. Es vital que personas sindicalistas y de la sociedad civil en general puedan ejercer derechos constitucionales en torno a la protesta pacífica, la libertad de reunión y la participación política sin la amenaza de intimidación o violencia.
Las amenazas también son particularmente alarmantes dada la incapacidad del gobierno para contener la crisis de derechos humanos que envuelve a Colombia, en la que defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y excombatientes de las FARC-EP enfrentan niveles horríficos de violencia. Según la organización de derechos humanos INDEPAZ, 237 defensores y defensoras de derechos humanos y 51 excombatientes en el proceso de reincorporación fueron asesinados entre el 1 de enero y el 21 de octubre de 2020. Además, este año se han cometido 69 masacres en el país, más del doble de la cifra documentada en todo el 2019.
JFC pide al gobierno colombiano que garantice investigaciones exhaustivas y transparentes sobre las amenazas y envía su más cálida solidaridad tanto al Sr. Orjuela como a los miembros del comité ejecutivo de FECODE.
Justice for Colombia
Londres, 27 de octubre de 2020