14 de octubre 2019, Londres
Declaración de Justice for Colombia después de ataques a las sedes de la Unión Patriótica, el Partido Comunista y la FARC
Justice for Colombia (JFC) expresa su profunda preocupación por los recientes ataques en contra de las sedes de tres partidos políticos pocas semanas antes de las elecciones regionales en Colombia.
En las primeras horas del viernes 11 de octubre la sede del Partido Comunista de Colombia y la Unión Patriótica, partido que participa en las elecciones como parte de la coalición con Colombia Humana, fue blanco de un ataque con varios disparos de arma de fuego y una bomba incendiaria. Los victimarios dejaron también unas notas amenazantes que decían “regresamos”.
Poco tiempo después la sede del Partido FARC fue atacada con sus pancartas derribadas y un martillo dejado al sitio junto con una nota también con la palabra “regresamos”.
Estos ataques tienen la intención inequívoca de intimidar y amenazar a candidatos políticos, activistas y miembros de partidos políticos de izquierda, e insinuar un regreso a los periodos mas extremos de violencia paramilitar.
Después de su formación en 1985 entre 3.000 y 5.000 miembros y votantes de la Unión Patriótica, incluyendo concejales, alcaldes, y candidatos presidenciales, fueron asesinados en lo que ha sido reconocido por una corte de Bogotá como un genocidio político. En 2011 el estado colombiano reconoció oficialmente su papel en este genocidio y la UP volvió como partido electoral en 2013.
El Partido FARC fue fundado en 2017 bajo los términos del Acuerdo de Paz del año anterior. Según las Naciones Unidas (ONU), 151 ex-miembros de las FARC-EP han sido asesinados desde la firma del acuerdo en noviembre de 2016. En su último informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, la ONU dijo que la seguridad de ex-miembros de las FARC-EP no cuenta con todos los recursos necesarios, destacando que ‘[n]o deberían escatimarse esfuerzos para asignar recursos’ para garantizar la seguridad de estas personas.
El proceso de paz tenía un papel importante en hacer que las elecciones presidenciales de 2018 fueron las menos violentas en décadas. Sin embargo, el aumento de violencia en esta campaña subraya la necesidad urgente de mejorar las medidas de seguridad para candidatos y activistas, y para que el Estado colombiano intensifique sus esfuerzos para asegurar la plena implementación del Acuerdo de Paz. Estos ataques no solo amenazan a personas específicas y el espacio para los partidos políticos progresistas, sino también socavan al proceso de paz y la afirmación de una democracia en Colombia.
Para ver una copia de la declaración vea aquí: