Declaración de la segunda Monitoreo de Paz de JFC

DECLARACIÓN DE LA SEGUNDA DELEGACIÓN INTERNACIONAL DEL MONITOREO DE PAZ DE JUSTICE FOR COLOMBIA

21 de agosto 2018, Bogotá, Colombia

La segunda delegación del Monitoreo de Paz de Justicia para Colombia visitó Colombia del 16 al 21 de agosto para observar el estado de la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la situación de los derechos humanos en general. El Monitoreo de Paz visitó Colombia en abril de 2018 y la semana pasada publicó su primer informe, que incluye una serie de recomendaciones.

Nuestra delegación de once personas visitó diferentes regiones y se ha reunido con:

  • La CUT, organizaciones de derechos humanos, líderes de la sociedad civil
  • Comunidades campesinas en Catatumbo
  • El partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)
  • El miembro electo del Congreso de la FARC Jesús Santrich en La Picota, cárcel de hombres
  • El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Jean Arnault
  • Miembros de la oposición Bancada por la Paz recientemente formada en el Congreso colombiano
  • La Embajada Británica y la delegación de la Unión Europea
  • Oficiales regionales del Ejército y la Policía

Aunque esperábamos reunirnos con el nuevo Gobierno colombiano, desafortunadamente no pudimos asegurar una reunión en esta primera etapa de la administración.

Visitamos el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Las Filipinas, Arauca, donde escuchamos testimonios sobre las condiciones actuales que enfrentan los excombatientes en su intento por reincorporarse a la sociedad civil. También viajamos a Tibú en Catatumbo, una región que sufre de altos niveles de violencia política y subdesarrollo, donde nos reunimos con la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), con la Policía y el Ejército, así como con representantes de las comunidades locales.

Durante nuestra visita, ha sido evidente que muchos colombianos siguen comprometidos con la difícil tarea de implementar el Acuerdo de Paz y consolidar una paz sostenible y duradera. Nos hemos enterado de proyectos locales para implementar el acuerdo en las regiones más afectadas por la pobreza y la violencia.

Después de habernos reunido con líderes de la FARC y haber visitado el ETCR en Arauca, estamos convencidos del compromiso de la organización con la implementación del Acuerdo de Paz. También damos la bienvenida a la formación de la oposición Bancada por la Paz, con la participación de los miembros de la FARC en el Congreso.

Sin embargo, varios asuntos de gran preocupación requieren atención urgente:

  • Los asesinatos de líderes sociales y excombatientes son extremadamente alarmantes. Las autoridades colombianas deben hacer todo lo posible para identificar no solo a los asesinos materiales, sino también a los autores intelectuales de estos crímenes. Las cifras que se nos presentan son impactantes: una organización de derechos humanos nos dijo que 148 líderes sociales han sido asesinados hasta ahora en 2018. Alentamos a que se implementen las medidas de seguridad estipuladas en el acuerdo.
  • Visitamos a Jesús Santrich en prisión, donde ha pasado más de cuatro meses a pesar de la falta de pruebas presentadas contra él, y estamos preocupado por observar que ha estado aislado y negado el equipo básico que lo ayuda a controlar su estado de invidencia. Nos preocupa que no haya podido tomar posesión como congresista. También notamos que el principal negociador de paz, Iván Márquez, no ha tomado su asiento en el Senado debido a temores por su seguridad jurídica. La participación política de la FARC es un elemento central del acuerdo y creemos que es fundamental para el éxito del proceso.
  • Hemos escuchado inquietudes sobre los cambios a la Jurisdicción Especial para la Paz. Como miembros de la comunidad internacional que celebraron el innovador acuerdo de justicia transicional, creemos que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que su implementación garantice los derechos de todas las víctimas.
  • Sabemos que se han presentado demoras en la implementación normativa del acuerdo y nos parece fundamental que las normas reflejen lo acordado.
  • La reincorporación de excombatientes ha sido muy lenta y aún no ha brindado el apoyo o los recursos necesarios para facilitar la transición a la sociedad civil. Es importante que se garantice el acceso a la tierra para desarrollar proyectos de inmediato.
  • Vimos en Catatumbo el subdesarrollo que afecta gran parte de la población rural. Los caminos deficientes dificultan que las comunidades tengan acceso a servicios de salud, educación y mercados para vender sus productos. Hay muy poca cobertura de internet. El desarrollo rural integral es un elemento central del proceso de paz, pero hasta ahora la implementación ha sido inadecuada. También nos preocupa saber de la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades de la región como resultado de un conflicto en curso.
  • Escuchamos a los cultivadores de coca su opinión de que los programas voluntarios de sustitución de cultivos no se han implementado como estipula el Acuerdo de Paz. Más de 30 miembros de las organizaciones que trabajan para impulsar estos programas, como la COCCAM, han sido asesinados. Instamos al Estado a implementar el programa según lo acordado.
  • Esperamos que el proceso con el ELN continúe y que se logre llegar a un acuerdo.

Creemos que la comunidad internacional puede continuar desempeñando un papel vital en el apoyo al proceso de paz de Colombia y alentamos a todos sus actores a cumplir con sus compromisos. También esperamos que el nuevo Gobierno continúe el trabajo de la administración anterior para construir la paz.

Queremos rendir homenaje a todas las personas con quienes nos reunimos y agradecerles por su hospitalidad.

Finalmente, nuestra delegación expresa su total compromiso de trabajar de cualquier manera posible para ayudar a Colombia a establecer una genuina paz estable y duradera con justicia social.

LOS DELEGADOS Y LAS DELEGADAS DEL MONITOREO DE PAZ DE JUSTICE FOR COLOMBIA 

Tony Lloyd MP (Miembro del Parlamento británico)

Jo Stevens MP (Miembra del Parlamento británico)

John McCallister (Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte)

Stephen Cavalier (Director Ejecutivo de Thompsons Solicitors)

Nick Crook (Director del Departamento Internacional del sindicato UNISON)

Mark Fairhurst (Presidente del sindicato de guardias penitenciarios POA)

Paul Glover (Miembro del Comité Ejecutivo de UNISON)

Sally Hunt (Presidenta de la TUC y Secretaria General de la UCU)

John Metcalfe (Miembro del Comité Ejecutivo del sindicato de maquinistas ASLEF)

Joe Simpson (Vice Secretario General del sindicato de guardias penitenciarios POA)

Mick Whelan (Presidente del Comité Ejecutivo de Justice for Colombia y Secretario General del sindicato de maquinistas ASLEF)