Justice for Colombia expresa su profundo rechazo de la masacre del 18 de julio cometida en el noreste de Colombia en que ocho personas fueron asesinadas, incluyendo el líder comunitario Ernesto Aguilar Barrera, integrante de la Asociación Campesina de Catatumbo (ASCAMCAT).
Estos homicidios demuestran el costo social y humano traído por el hecho de que el Estado colombiano no haya avanzado suficientemente en el proceso de paz ni tampoco en abordar el colapso total de seguridad que actualmente afecta varias regiones. JFC insta a todos los actores internacionales del proceso de paz colombiano a que intensifiquen sus esfuerzos para apoyar la plena implementación del Acuerdo como la ruta más efectiva para poner fin a la crisis de derechos humanos que se ha intensificado a niveles tan terribles a lo largo de 2020.
Según testimonios, el ataque del sábado 18 de julio fue cometido por el grupo paramilitar conocido como Los Rastrojos, que tiene una fuerte presencia en la región del Catatumbo. Los grupos paramilitares o sucesores del paramilitarismo que han tenido vínculos históricamente con actores dentro de las instituciones estatales colombianas siguen operando en varias regiones de Colombia y en algunas han consolidado su control durante la pandemia del coronavirus.
Justice for Colombia pide a las organizaciones sindicales y parlamentarias amigas a estar en alerta máxima luego de las repetidas advertencias desde Colombia de un retorno a niveles de violencia paramilitar que no se han visto en muchos años. Es extremadamente preocupante que durante 2020 el ejército colombiano también haya estado implicado en al menos dos asesinatos de personas civiles en Catatumbo.
Enfásis especial se debe poner en la obligación inmediata del Estado colombiano de participar de manera proactiva en la Mesa Nacional de Garantías para desarrollar medidas concretas para desmantelar a los grupos paramilitares o grupos sucesores. Según las recomendaciones de la Misión de Verificación de la ONU, la Mesa Nacional debe ser convocada regularmente para cumplir con su función.
Por último, se deben proporcionar todos los recursos necesarios para investigar y responsabilizar a los autores intelectuales, además de materiales, de estos crímenes, la gran mayoría de los cuales se han quedado en la impunidad.
Justice for Colombia
Londres, 23 de julio de 2020