
Justice for Colombia (JFC) expresa su profunda preocupación por las implicaciones para el acuerdo de paz en Colombia después de la detención el 9 de abril 2018 del congresista electo y negociador de paz de la FARC Jesús Santrich y su condición de bienestar desde que empezó una huelga de hambre ese mismo día.
JFC es apoyada por más que 6 millones de trabajadores y trabajadoras en el movimiento sindicalista británico e irlandés, además de los Amigos Parlamentarios de Colombia (Parliamentary Friends of Colombia), un grupo de más que 60 diputados y diputadas en el Parlamento Británico.
Jesús Santrich fue un negociador clave de las FARC durante los diálogos de paz entre 2012 y 2016 y es uno de los arquitectos del Acuerdo de Paz colombiano. Actualmente, es miembro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (CSIVI) que es formada por tres delegados del gobierno y tres de la FARC para monitorear la implementación del Acuerdo de Paz, y es congresista electo de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
La detención de Santrich por acusaciones de conspiración de traficar cocaína a petición de los Estados Unidos con el objetivo de extradición representa uno de las mayores crisis que el proceso de paz ha enfrentado.
Acogemos la declaración de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia que destaca que la Jurisdicción Especial para la Paz (el proceso de justicia transicional creado dentro del Acuerdo de Paz) tiene la competencia para abordar este caso inicialmente, en acordancia con Artículo 19 del Acto Legislativo 01/2017. También nos parece positivo que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Suprema colombiana han reiterado que el caso de Santrich debe ser revisado por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Dada la importancia de este caso para el proceso de paz y tomando en cuenta la huelga de hambre en que Santrich se sometió el día de su detención, que recién le llevó a ser hospitalizado debido a deterioraciones en su salud, es imprescindible que el gobierno colombiano asegure el cumplimiento del debido proceso y que sus derechos jurídicos y derechos humanos están protegidos totalmente.
JFC también se preocupa por el progreso lento de la implementación de varios elementos del Acuerdo de Paz, los cambios perjudiciales introducidos durante el proceso legislativo que fundamentalmente distorsionan algunos de los principios claves sobre la verdad, la justicia y las reparaciones, y el gran aumento en los asesinatos de líderes sociales por motivos políticos. Esto se agrega a nuestra extrema preocupación por más que 500 presos y presas de la FARC que siguen encarcelados y encarceladas a pesar de la Ley de Amnistía.
JFC insta al gobierno colombian a que respete los términos del Acuerdo de Paz y las instituciones creadas especialmente como parte del Acuerdo y que asegure que la Jurisdicción Especial para la Paz recibe el máximo apoyo en asumir la competencia en el caso de Santrich. Pedimos al gobierno colombiano que tome en consideración la situación humanitaria del Sr. Santrich y cienes de otros presos y otras presas de la FARC.