Declaración de delegación internacional de Justice for Colombia

Una delegación de parlamentarios y sindicalistas de Justice for Colombia visitó Colombia entre el 28 de mayo y el 2 de junio para monitorear el estado actual de los derechos sindicales, los derechos humanos y el acuerdo de paz firmado entre el estado colombiano y las FARC-EP en noviembre de 2016.

La delegación fue organizada por la organización británica-irlandesa Justicia para Colombia, que hace campaña en apoyo de la paz y los derechos humanos en Colombia.  La visita coincidió con las elecciones presidenciales de Colombia, tras un llamado de organizaciones de derechos humanos y organismos de monitoreo electoral para una presencia internacional en el país.

La delegación estaba formada por cinco políticos británicos e irlandeses, entre ellos Fabian Hamilton MP, el Ministro en la Sombra para la Paz y el Desarme con responsabilidad para América Latina para el Partido Laborista británico, y John Brady TD, portavoz de Asuntos Exteriores y Defensa del partido de oposición irlandés Sinn Fein. Líderes sindicales de Gran Bretaña, Irlanda y España también participaron en la delegación de 19 personas.

Durante la visita, nos reunimos con:

  • Representantes del gobierno colombiano.
  • Firmantes del acuerdo de paz de 2016, incluidos congresistas del  partido político Comunes, excombatientes en el proceso de reincorporación y representantes de cooperativas establecidas bajo los términos del acuerdo.
  • La Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
  • El Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, representante de la Comisión de la Verdad y abogados que representan a excombatientes.
  • El Embajador de Noruega, como uno de los países garantes del acuerdo de paz, y los Embajadores de Gran Bretaña e Irlanda.
  • Congresistas de partidos de oposición.
  • Grupos de la sociedad civil, incluidos sindicatos, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de mujeres.
  • Víctimas de casos de violencia estatal cometidos bajo el actual gobierno.

La delegación viajó a Puerto Asís, Putumayo, para recibir testimonios de comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos. Entre ellos había familiares de personas muertas en una operación del ejército en Puerto Leguízamo el 28 de marzo de 2022.   Recibimos testimonios desgarradores de familiares de víctimas y escuchamos cómo el presidente Iván Duque celebró la operación, afirmando que once “disidentes” habían sido asesinados – meses después, no se ha presentado ninguna prueba que respalde la afirmación.  El gobierno colombiano debe retractarse de sus declaraciones estigmatizantes contra las víctimas, brindar apoyo financiero y psicológico a los afectados y garantizar justicia eficaz frente a cualquier agente estatal culpable en este caso.

La delegación también visitó una zona de reincorporación en Agua Bonita, Caquetá, para conocer las experiencias de los excombatientes de las FARC, quienes han desarrollado proyectos productivos en la agricultura, la piscicultura y el turismo. Han abierto un centro cultural con biblioteca y museo, han publicado libros y han proporcionado a los jóvenes formación periodística.  Aquí, nos reunimos con la organización Humanicemos, formada por excombatientes que están limpiando minas antipersonales – un ejemplo del importante papel que pueden desempeñar cuando se les dan los medios necesarios. Sin embargo, en toda Colombia, los excombatientes están experimentando serias dificultades para acceder al apoyo económico y a los servicios básicos, lo que impide su transición a la sociedad civil.  Es necesario abordar estas cuestiones, prestando especial atención a las nuevas zonas de reincorporación, donde reside actualmente la mayoría de los excombatientes.

La violencia contra los excombatientes de las FARC es una preocupación extrema, ya que las organizaciones de derechos humanos han registrado 320 excombatientes asesinados.  Un grupo de excombatientes que ahora residen en Doncello, Caquetá, nos contó sobre la completa falta de seguridad que había llevado a su desplazamiento forzado. Habían sido rodeados por grupos armados que quemaron sus vehículos y les amenazaron de muerte.  También nos reunimos con excombatientes que se encontraban en la vereda Puerto Guzmán, en el Putumayo. Nos contaron cómo un grupo armado había entrado en su asentamiento y matado al presidente de su cooperativa COMUCOM e hirió a varias otras personas.

Más de 1.000 líderes sociales, sindicalistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Los grupos sucesores del paramilitarismo y otros grupos armados ilegales se están expandiendo por todo el país, como lo demuestra el reciente “paro armado” en el norte de Colombia declarado por el grupo armado ilegal más importante, el Clan de Golfo. Organizado el mismo mes de las elecciones presidenciales, el Clan de Golfo ordenó la suspensión de las actividades cotidianas bajo la amenaza de violencia en cientos de municipios en un tercer parte de los 32 departamentos del país. La falta de respuesta del gobierno a los grupos sucesores al paramilitarismo es motivo de grave preocupación, y los informes de colaboración entre las instituciones estatales son una preocupación particular. Instamos a las autoridades a avanzar en la implementación de una política de desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, como se estipula en el acuerdo de paz.

Hubo preocupaciones generalizadas sobre el enfoque del gobierno actual hacia los derechos humanos después de la represión policial de las protestas del Paro Nacional el año pasado. Las investigaciones sobre agentes estatales implicados en abusos han avanzado poco, lo que plantea preocupaciones de impunidad en casos de asesinatos, agresiones sexuales y lesiones oculares.

La implementación del acuerdo de paz ha avanzado mucho menos de lo esperado, en particular en la esfera de la reforma rural integral. El avance de los programas de reforma rural puede contribuir a aliviar las desigualdades extremas, pero hasta ahora no se ha visto un cambio material en las zonas PDET, seleccionadas debido a su histórico abandono estatal y los altos niveles de conflictividad.

La participación continua de casi 100.000 familias en programas voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos demuestra el firme apoyo a la paz dentro de la sociedad civil. Sin embargo, muchas familias carecen de apoyo estatal adecuado para la transición a cultivos legales. Nos preocupa escuchar de la continuación de la practica de la erradicación forzada por parte de la fuerza pública, así como los planes del Gobierno de reintroducir la fumigación aérea. El enfoque en el capítulo sobre cultivos ilícitos en el acuerdo de paz tiene la potencia de transformar las condiciones socioeconómicas en el campo, pero es esencial que se brinden oportunidades económicas alternativas o los esfuerzos para erradicar la producción de cultivos ilícitos serán insostenibles.

El sistema de justicia transicional está llevando a cabo una labor vital para establecer la verdad en torno al conflicto armado y obtener justicia para las víctimas. Acogemos con beneplácito los avances logrados por la Jurisdicción Especial para la Paz en la investigación de delitos graves, mientras que la Comisión de la Verdad ha reunido testimonios de un amplio segmento de la sociedad colombiana. El cumplimiento exitoso de las tareas de estas instituciones puede ayudar a Colombia a construir la reconciliación.  Brindamos pleno apoyo al sistema de justicia transicional y hacemos un llamado tanto al gobierno saliente como al entrante de Colombia para que garanticen los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. Es extremadamente importante que la implementación del programa de justicia transicional se mantenga fiel al espíritu del acuerdo: la delegación escuchó preocupaciones de que se podrían estar haciendo cambios en las reglas que rigen las amnistías entregadas a los excombatientes.

Las organizaciones de mujeres están haciendo importantes contribuciones a la sociedad colombiana al promover su participación política y hacer frente a la desigualdad. Nos reunimos con mujeres sindicalistas y líderes de derechos humanos, como la asociación de mujeres ASONAM, que nos contaron sobre su trabajo promoviendo la participación de las mujeres en los sindicatos y, en particular, en los roles de liderazgo.  Las mujeres en Colombia están liderando los esfuerzos para fortalecer los derechos humanos y la paz en Colombia y vamos a trabajar desde Justicia por Colombia para fortalecer aún más el apoyo internacional al movimiento de mujeres colombianas.

Nuestra delegación desea dar las gracias a todos los que se reunieron con nosotros durante nuestra visita. Expresamos nuestro apoyo incondicional a todos aquellos que están trabajando, muchas veces con un alto riesgo personal, para promover los derechos humanos, la paz y la justicia social, incluso desde el movimiento sindical colombiano. Los pasos ya tomados por el país son testimonio de la inmensa determinación de la sociedad colombiana para construir una sociedad más justa y libre de conflictos para las futuras generaciones.

Continuaremos trabajando para promover las voces apoyando la paz y la justicia social a nivel internacional, a través del trabajo en nuestros países y con nuestros gobiernos, y trabajaremos para maximizar la presión internacional para la plena implementación del acuerdo de paz de 2016 y para la plena protección de los derechos humanos.

Participantes en la delegación:

Paula Barker MP, Diputada del parlamento británico del partido laborista

Jonathan Brady TD, Diputado del parlamento irlandés del partido Sinn Fein y vocero de Asuntos Exteriores y Defensa de Sinn Fein

Fabian Hamilton MP, Diputado del parlamento británico del partido laborista y Ministro en la sombra con responsabilidad de Colombia

Senadora Annie Hoey, Senadora irlandesa del partido laborista

Kim Johnson MP, Diputada del parlamento británico del partido laborista

Ethel Buckley, Vice secretaria general del sindicato de servicios profesionales de Irlanda, SIPTU

Eddie Cassidy, Miembro del ejecutivo del sindicato general, UNITE

Kevin Courtney, Secretario general conjunto del sindicato de profesores, NEU

Denise Curran, Presidenta del sindicato de trabajadores comerciales irlandeses, MANDATE

Larry Flanagan, Secretario general del sindicato de profesores escoceses, EIS y Presidente del comité europeo de docentes, ETUCE

Stephen Gillan, Secretario general del sindicato de guardias penitenciarios, POA

Mariela Kohon, Responsable del departamento internacional de la central sindical británica, TUC y vicepresidenta de Justice for Colombia

Catherine Marie McKenna, Miembra del ejecutivo del sindicato de servicios públicos, UNISON

Stiofán Ó Nualláin, Miembro de la ONG de construcción de paz de Irlanda del Norte, Trademark Belfast

Felix Ovejero Torres, Responsable de las Américas y de Cooperación Internacional para el Desarrollo para el sindicato general española, CCOO

Edward Redmond, Vicepresidente del comité internacional regional del sindicato de servicios públicos, UNISON

Michelle Smith, Miembra del ejecutivo del sindicato general, UNITE

Dawn Taylor, Vice presidenta del comité internacional del sindicato de profesores, NEU

Michael Whelan, Secretario general del sindicato de maquinistas, ASLEF y Presidente de Justice for Colombia